El concilio enfrenta múltiples preguntas relacionadas con la fecha límite, para definir las propuestas legislativas para la Conferencia General y una nueva reglamentación para las congregaciones que decidan salir de la denominación con sus propiedades.
Dado que el tribunal superior de la Iglesia Metodista Unida se negó a pronunciarse por adelantado sobre el plan de separación propuesto, algunos están preocupados por lo que esto significa para la legislación en el futuro.
La agencia financiera de la Iglesia Metodista Unida carece de autoridad para establecer nuevas pautas a pesar del aplazamiento de la reunión legislativa más importante de la iglesia.